Proponen utilizar saldos de Ingresos Brutos para cancelar impuestos y servicios públicos en la Provincia

La legisladora Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán-foto inferior) presentó un proyecto de ley que tiene por objeto instaurar un “mecanismo de mayor justicia y eficiencia fiscal para los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos” en la provincia. La propuesta establece un régimen para que los saldos a favor generados por este impuesto sean reconocidos como créditos fiscales aplicables no solo a la cancelación de otras deudas tributarias, sino también al pago de tarifas de servicios públicos prestados por el Estado o sus concesionarios. Según los fundamentos de la norma, este sistema busca mitigar el “drenaje de liquidez para las empresas, en particular para las PYMES”, transformando capital inmovilizado en una herramienta concreta para afrontar costos corrientes en un contexto de alta presión inflacionaria.

El proyecto surge como respuesta a una problemática estructural que afecta al comercio, la industria y el sector agropecuario: la acumulación de saldos a favor que no pueden ser absorbidos en el circuito mensual de declaraciones juradas. La iniciativa destaca que estos créditos constituyen un capital que las empresas “mantienen inmovilizado bajo la forma de un crédito frente al Estado Provincial que, en la práctica, resulta de difícil o lenta recuperación”.

Para revertir esta situación, el articulado propone que los contribuyentes puedan utilizar sus saldos verificados para cancelar impuestos como el Inmobiliario, Automotores, Sellos y Salud Pública. Asimismo, introduce una novedad significativa: la posibilidad de pagar facturas de energía eléctrica, agua potable y gas natural. Al respecto, el texto aclara que “la utilización del crédito fiscal para el pago de tarifas de servicios públicos no podrá superar, en cada período mensual, el equivalente al 50% del importe total facturado”.

La propuesta de Elías de Pérez se apoya en los principios de capacidad contributiva y no confiscatoriedad. El documento advierte que cuando el Estado retiene excedentes y demora su devolución, “se produce una distorsión que afecta la libre disposición de la propiedad privada”. En este sentido, los fundamentos subrayan que “el principio de no confiscatoriedad tributaria encuentra plena aplicación en el caso de saldos a favor que permanecen inmovilizados por largos períodos, erosionados por la inflación y de recuperación incierta”.

Desde la perspectiva de las cuentas públicas, la legisladora argumenta que el régimen es fiscalmente neutro, ya que no implica una erogación nueva sino la cancelación de un pasivo preexistente del Estado. Además, sostiene que la medida impacta positivamente en la recaudación futura: “la liberación de liquidez para el sector productivo contribuye al mantenimiento y expansión del empleo registrado. Un contribuyente que no dispone de liquidez por tener inmovilizado capital en créditos fiscales reduce su actividad, con el consiguiente impacto negativo sobre la recaudación futura”.

Implementación y modernización del sistema

Para acceder al beneficio, la Dirección General de Rentas (DGR) deberá reconocer el saldo mediante una resolución administrativa en un plazo máximo de 30 días hábiles. Una vez reconocido, el crédito tendrá una vigencia de 24 meses. El procedimiento prevé que el contribuyente solicite un “certificado de crédito fiscal electrónico”, el cual podrá presentarse de manera presencial o digital ante los entes prestadores de servicios.

Finalmente, la iniciativa se presenta como un avance hacia un sistema más ágil en sintonía con otras provincias como Buenos Aires y Santa Fe. El proyecto concluye que, en el escenario actual, la posibilidad de cancelar facturas esenciales con créditos que de otro modo quedarían estancados “representa un alivio concreto y medible para el sector productivo y las economías familiares”, siendo un paso decisivo hacia un esquema tributario más moderno y equitativo.